No pocas personas, organizaciones e instituciones han sido excluidas del proceso de elaboración de la Ley de Regulación de la Eutanasia en España. Se optó por tramitarla de modo abreviado, sin que apenas pudiera existir debate público. Fue presentada por el partido que apoya al Gobierno de coalición, sin informe del Comité de Bioética. Apenas hubo debate parlamentario, pues se considera la política una mera cuestión de votos. Tramitada como proposición, un Gobierno con mayoría puede impedir la participación de órganos consultivos, y así se hizo. Sus promotores pueden intentar sofocar el debate público, pero no pueden impedirlo.